La vivienda se convierte en Aragón en un derecho exigible ante los tribunales con el anteproyecto de ley visto hoy

El Consejo de Gobierno ha tomado en conocimiento el Anteproyecto de Ley de Vivienda de Aragón, que configura este bien como un verdadero derecho de las personas. Entre las principales novedades se incluye la obligación de que el Gobierno de Aragón garantice una alternativa habitacional en casos de vulnerabilidad; la definición de vivienda desocupada, que permitirá que se pueda acceder a viviendas para incluirlas en un renovado Fondo de Vivienda Social de Aragón; y modificaciones en el concepto de Vivienda de Protección Oficial como que no puedan ser descalificadas para su venta por libre.   El anteproyecto se inspira en cuatro principios: la vivienda con un Derecho subjetivo y no como un bien de mercado de manera que todos los ciudadanos y asociaciones pueden exigir judicialmente a las administraciones públicas el cumplimiento de esta Ley ante la Jurisdicción contencioso-administrativa; el Derecho de acceso a la vivienda y la posibilidad de que el Gobierno actúe en el caso de situaciones de vulnerabilidad para dotar de una alternativa habitacional; el Derecho al disfrute pacífico de la vivienda; y el Derecho a una vivienda digna y adecuada a las necesidades para poder contar con una calidad de vida.   La satisfacción del derecho a una vivienda digna, adecuada y accesible puede garantizarse mediante la puesta a disposición de una vivienda bajo cualquier régimen jurídico de tenencia y en el caso de inexistencia de vivienda, con un sistema de prestaciones económicas. El proceso de participación ciudadana para aportar mejoras al texto comenzará el próximo 12 de marzo en el Foro de la Vivienda de Aragón. Asimismo, el Gobierno ha tomado conocimiento del Anteproyecto del Anteproyecto de Ley de Uso Estratégico de la Contratación Pública en Aragón, que sustituirá a la normativa actual de 2011, coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público de ámbito estatal el próximo 9 de marzo.    El Anteproyecto de Ley, que ha sido consensuado con todos los grupos políticos con representación parlamentaria, plantea una visión y un uso estratégico de la contratación pública, más allá del mero aprovisionamiento de bienes y servicios, de forma que las empresas que aspiren a los contratos públicos asuman otras exigencias de carácter social, medioambiental o de innovación que determinen las entidades públicas que los adjudiquen.   Entre otras exigencias en este sentido, la normativa prevé incorporar una serie de disposiciones destinadas a asegurar la indemnidad salarial y proteger a los trabajadores de las empresas contratistas, y también establece medidas para reforzar la transparencia de los procedimientos y fomenta el acceso de PYMES y centros especiales de empleo y empresas de inserción a la contratación pública.   Por otra parte, se han declarado Inversiones de Interés Autonómico los proyectos de cinco plantas fotovoltaicas en el término municipal de Almochuel (Zaragoza) promovidos por sociedades vinculadas a Desarrollos Fotovoltaicos Meridionales SL, sociedad integrada a su vez en el Grupo Forestalia. La construcción de las cinco plantas fotovoltaicas, con una potencia instalada total que alcanzará los 247,3 MWp, supondrá una inversión aproximada de 242,2 millones de euros. La firma promotora ha estimado que durante la construcción de las cinco plantas se generarán en torno a los 1.730 puestos de trabajo directos e indirectos, y en la fase de explotación estima que, durante sus aproximadamente 25 años de vida útil, generará en torno a 3 empleos por MW, lo que equivale a decir que se generará del orden 745 puestos de trabajo estables.   Igualmente se ha declarado Inversión de Interés Autonómico el proyecto del parque eólico “La Peña”, con una potencia 28,875 MW, promovido por la sociedad EDP Renovables España S.L. (EDP) en los términos municipales de Las Pedrosas y Sierra de Luna, en la provincia de Zaragoza, con una inversión de unos 33 millones de euros sin incluir las instalaciones de evacuación compartidas.   El promotor estima que su producción de energía neta será de 102.290 MWh/año, que evitará anualmente la emisión de 57.702 toneladas equivalentes de CO2 a la atmosfera. Además de estos beneficios medioambientales, el proyecto generará un empleo estimado en la fase de construcción de 124 puestos de trabajo, durante un año, y de 12 puestos en la fase de explotación, durante 25 años.     Mejoras en tecnología sanitaria   Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha autorizado al Servicio Aragonés de Salud la celebración de varios contratos de suministro para adquirir diferentes equipos de tecnología sanitaria por valor de más de 15.500.000 euros, repartidos en distintos plurianuales. En primer lugar, el Salud va a incorporar dos resonancias magnéticas para el Hospital Universitario Miguel Servet, otra para el Hospital Obispo Polanco y una cuarta para el Hospital San Jorge. En segundo lugar, se van a adquirir dos salas de hemodinámica que se instalarán en los hospitales Miguel Servet y Clínico Universitario. Por último, se ha autorizado un gasto plurianual hasta 2026 para el arrendamiento de dos salas de radiología vascular intervencionista que también se instalarán en los mismos hospitales zaragozanos.   Asimismo, el Consejo ha aprobado esta mañana la firma de dos convenios entre el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) y sendas empresas ubicadas en el Parque Tecnológico Walqa  -HdosO Consultores, SL y Oscaferti 2020, SL- para que los alumnos del último año de carrera puedan recibir formación y cualificación especializada en estos centros de trabajo. Finalmente, se ha aprobado un decreto por el se declara Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Monumento, la Iglesia de San Antonio Abad de Híjar (Teruel). Aunque esta iglesia está incluida dentro del Conjunto Urbano de la Judería de Híjar, que fue declarado ya en 2002 por el Gobierno aragonés como Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés, las excavaciones arqueológicas realizadas en 2017 en el interior del templo, en las que se han descubierto elementos originarios de una sinagoga, afianzan la hipótesis de que este edificio fue con anterioridad la antigua sinagoga del municipio, lo que hace que resulte pertinente su declaración ahora como BIC.