Broto y Celaya exigen a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad una financiación adecuada para Aragón

Los consejeros de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, y de Sanidad, Sebastián Celaya, se han reunido con la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, para abordar diferentes asuntos de sus competencias, entre los que ha estado muy presente la necesidad de una adecuada financiación a la Comunidad Autónoma para mantener unos servicios públicos de calidad.

María Victoria Broto ha insistido en que es necesaria una mejora de la financiación de la Ley de Dependencia por parte del Gobierno central. Aunque ha seguido reclamando la financiación del 50% por parte del Ejecutivo, ha considerado que “sería una señal de buena voluntad” que volvieran a pagarse los 17 millones anuales que se recortaron en 2012 en diferentes conceptos.

También ha pedido a la ministra la convocatoria el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y que se debata la insuficiente financiación del plan concertado, el que ayuda al sostenimiento de los servicios sociales para las entidades locales.

La necesidad de la coordinación entre el Gobierno estatal y el aragonés en lo que se refiere a las ayudas al tercer sector (entidades sociales fundamentales en la prestación de los servicios sociales) ha sido otra de las reivindicaciones de la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales.

Por otra parte, ha exigido, un Pacto de Estado contra la violencia de género y medidas legislativas y un compromiso presupuestario que ayuden a acabar con esta lacra social.

Broto ha dicho que sus palabras han sido bien acogidas por la ministra, pero ha insistido en que "esto ha sido una toma de contacto, una conversación y no un acuerdo, ya que los acuerdos se toman en los Consejos Interterritoriales". Por ello, ha destacado la necesidad de convocar el de Servicios Sociales.

Exigencias sanitarias

Por su parte, Celaya también le ha transmitido a la ministra la urgencia de convocar al Consejo Interterritorial, que todavía no se ha reunido en la presente legislatura, para abordar conjuntamente con el resto de comunidades autónomas cuestiones muy necesarias para el buen funcionamiento del sistema sanitario.

Entre ellas destaca la derogación tanto de la tasa de reposición para profesionales sanitarios, que actualmente es un obstáculo para la correcta cobertura de plazas médicas en diferentes especialidades, como de los decretos 16/2012 y de prescripción enfermera, que limita el trabajo de estas profesionales y el protagonismo que deben jugar en ámbitos como la atención en el medio rural o la puesta en marcha del plan de crónicos.

También ha solicitado evaluar el plan de la hepatitis C, reformulando sus objetivos y proponiendo criterios para reducir el precio de las terapias, incluyendo en el proceso a las sociedades científica de Atención Primara y de Salud Pública. Además, Celaya ha pedido entrar a analizar otros temas como el actual problema en relación al suministro de vacunas, las cuestiones relativas a la inclusión y negociación de precios sobre nuevos fármacos y a las líneas de actuación en relación al Decreto de Troncalidad.