Salud Pública
EL GOBIERNO DE ARAGÓN APELA A LA SOLIDARIDAD Y A LA INTEGRACIÓN DE LOS DISCAPACITADOS.
En una carta dirigida a más de medio millar de empresarios, el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo pide una especial atención a la contratación laboral de estas personas.
Zaragoza, 15/07/97 (JMG).- El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo del Gobierno de Aragón, Fernando Labena, ha apelado a la solidaridad de los empresarios aragoneses para que presten una especial atención a la contratación de personas discapacitadas.
En una carta dirigida a más de medio millar de empresas de nuestra Comunidad Autónoma, cuyas plantillas superan los 50 trabajadores, Fernando Labena señala la situación "especialmente preocupante" de paro que afecta a los discapacitados aragoneses y recuerda que "a sus limitaciones físicas, psíquicas y sensoriales se unen otros aspectos de índole cultural: protección familiar, falta de autoestima, identificación social de minusvalía con enfermedad, etc., que pueden generar en algunas de estas personas una situación mucho más grave, que es la minusvalía psicosocial".
Labena subraya en su escrito que "la integración laboral es el requisito necesario para conseguir la efectiva integración social del minusválido y superar las consecuencias apuntadas", y ruega que "se preste una especial atención a la contratación de estos trabajadores para alcanzar los mínimos legales que establece la legislación vigente o incrementarlos, si ya se cumplen".
En su misiva, el consejero de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo destaca que "está perfectamente demostrado que el minusválido, ocupando un puesto de trabajo acorde con sus aptitudes, es un trabajador con un rendimiento igual o superior al resto", y recuerda que "existen beneficios en forma de subvenciones, bonificaciones de la cuota empresarial a la Seguridad Social y fiscales, para las empresas que realizan la contratación de discapacitados".
La Ley de Integración Social del Minusválido obliga a las empresas con más de 50 trabajadores fijos a emplear un número de personas discapacitadas igual o superior al 2% de sus plantillas. Esta disposición concuerda con los criterios de la Unión Europea, en la que todos los países que la integran cuentan con disposiciones similares, estableciendo normalmente porcentajes y obligaciones superiores a los fijados en España.