El Gobierno de Aragón dará de alta a todos los migrantes en el sistema sanitario de forma temporal hasta el 30 de mayo

Para hacer frente a la situación excepcional provocada por la pandemia del COVID-19, el Gobierno de Aragón ha determinado ampliar la atención sanitaria a todas las personas migrantes residentes de Aragón que por diversas causas no tuvieran acceso al sistema sanitario hasta este momento. De este modo, todos los ciudadanos, aunque no cumplan el requisito mínimo de llevar tres meses empadronados en la Comunidad, recibirán tarjeta sanitaria y tendrán derecho a los servicios adscritos a la misma, de forma provisional hasta el 30 de mayo. El Gobierno de Aragón manifiesta así su compromiso de no dejar a nadie atrás en esta crisis, prevenir la propagación del contagio y garantizar la igualdad de acceso al derecho universal de la salud de toda la ciudadanía.    Se trata de una medida conjunta realizada entre la Dirección General de Derechos y Garantías de los Usuarios, dependiente del Departamento de Sanidad, y la Dirección General de Cooperación al Desarrollo e Inmigración, dependiente del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. El objetivo es dar cobertura a las personas migrantes, refugiadas y en situación de asilo que no tengan todavía regularizada su situación administrativa en un contexto de Estado de Alarma y ante su especial situación de vulnerabilidad.   El director general de Derechos y Garantías de los Usuarios, Guillermo Ortiz, ha transmitido a las Unidades de Tramitación de Tarjeta Sanitaria de las tres provincias la orden de expedir los documentos acreditativos que justifican la inclusión temporal de los migrantes al sistema sanitario aragonés y su incorporación en la Base de Datos como usuarios. “Los migrantes solo tienen que contactar con las Unidades de Tramitación por teléfono y estas les enviarán un formulario a su domicilio que es el que deben presentar como justificante de la tarjeta provisional cada vez que tengan que acudir a un centro de Salud para Atención Primaria o Especializada”, especifica Ortiz. Con ello, - y en principio hasta el 30 de mayo- los migrantes, sea cual sea su condición de empadronamiento en Aragón, tendrán derecho como cualquier otro ciudadano a: coger cita con un médico de Atención Primaria, a que les prescriban recetas farmacéuticas, a consultar el historial clínico o realizar autotest de COVID-19, entre otros derechos sanitarios.   La Dirección General de Cooperación para el Desarrollo e Inmigración se encargará de canalizar correctamente la demanda de este servicio. “Es fundamental que ninguna persona se quede fuera del sistema sanitario, dado que es un derecho humano de todas ellas. Al mismo tiempo, supone una medida crucial de prevención de los contagios y disminución de los efectos del COVID-19”, expone la directora general del área, Natalia Salvo.   Esta Dirección ha dispuesto además de otras facilidades para la población migrante en el marco de la crisis sanitaria, como es la traducción a nueve idiomas de toda la información relevante vinculada al coronavirus. También se ha puesto a disposición de todos los Departamento del Gobierno de Aragón el servicio de Interpretación para que puedan comunicar sus mensajes a los residentes no hispanoparlantes, como una forma de hacerles llegar información oficial y fiable y de garantizar la inclusión de todos los ciudadanos en aras a la contención del virus.   Los datos de los nuevos usuarios dados de alta en el sistema sanitario se utilizarán para completar el mapa epidemiológico de la Comunidad, al igual que los de usuarios de las mutualidades privadas MUFACE, MUGEJU e ISFAS, con el fin de proporcionar la imagen más ajustada y fidedigna posible de la distribución de la enfermedad durante la pandemia.   *Se incluyen audios de Natalia Salvo y Guillermo Ortiz