El Gobierno de Aragón licita el nuevo Hospital de Teruel por más de 103 millones de euros
El Consejo también ha dado un impulso decisivo a la Plataforma Agroalimentaria de BonÁrea en Épila y ha decidido recurrir ante el Constitucional la ley estatal de Contratos del Sector Público.
Igualmente ha aprobado el Proyecto de Ley de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad y ha incrementado hasta 9 millones la financiación de grupos de investigación.
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy los gastos plurianuales correspondientes a los seis contratos para la construcción del nuevo Hospital de Teruel, por un importe total que supera los 103 millones de euros y con un plazo de ejecución de 46 meses. También se han adoptado, entre otros acuerdos, la aprobación del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) de la Plataforma Agroalimentaria de BonÁrea en Épila, la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Contratos del Sector Público, el proyecto de Ley de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad o la financiación estable de los grupos de investigación con un incremento de la dotación hasta 9 millones de euros plurianuales. El nuevo hospital de Teruel vendrá a sustituir al actual Obispo Polanco. La población actual asignada al sector sanitario de Teruel cuenta asciende a 74.930 personas, con un 12,25% menor de 14 años y un 23,91% mayor de 65 años. El presupuesto de las obras se distribuye en cinco anualidades, con 1,8 millones de euros este año; 19,3 millones en 2019; 29,2 en 2020; 29,5 en 201 y 23,5 millones en 2022. El proyecto plantea un centro de 78 habitaciones dobles (156 camas) más 56 individuales (49 individuales y 7 polivalentes, que pueden usar como dobles o como individuales y que se ubicarán en el Servicio de Obstetricia). En total, son 212 camas que pueden convertirse en 219 si fuera necesario y a las que se suman 12 camas de UCI y 5 cunas de neonatos. El centro contará también con un bloque quirúrgico de 8 quirófanos, un Hospital de Día Quirúrgico con 10 puestos, área de Urgencias y zona ambulatoria. El Consejo de Gobierno también ha dado un paso más para el impulso de la plataforma agroalimentaria de BonÁrea en Épila al aprobar, inicialmente, el PIGA (Plan de Interés General de Aragón). A partir de ahora se podrán continuar con los trámites con la previsión de que en otoño se produzca la aprobación definitiva y el Gobierno de Aragón pueda licitar el contrato para las obras de urbanización de la plataforma. Desde el Gobierno de Aragón se siguen dando los pasos necesarios para que la implantación de esta plataforma sea una realidad en los plazos establecidos. En este proyecto se une el trabajo conjunto de los departamentos de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda; Desarrollo Rural y Sostenibilidad y Economía, Industria y Empleo. Una vez se apruebe definitivamente el PIGA se procederá a la licitación de las obras que se adjudicarán en la primavera del 2019. Se prevé un presupuesto de licitación cercano a los 18 millones de euros con todas las fases incluidas. Asimismo, se ha decidido interponer un recurso de inconstitucionalidad frente a la Ley estatal 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP), por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014l/23/U y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. En la última reunión de la Comisión Bilateral de cooperación con el Gobierno central el pasado 18 de mayo se descartó alcanzar el acuerdo que había ofrecido el Gobierno de Aragón para dirimir las diferencias sobre los “vicios de inconstitucionalidad” que apreciaba la Administración autonómica en la ley estatal. Por lo tanto, para el Gobierno de Aragón persisten los argumentos que justifican la interposición del recurso ante el Alto Tribunal y hoy se ha decidido impugnar 101 preceptos de la ley estatal; 92 artículos y 9 disposiciones . La Secretaría General Técnica (SGT) de la Presidencia agrupa en cinco bloques los preceptos a impugnar: el primero por alterar el sistema constitucional de distribución de competencias, el segundo por la naturaleza no básica de prescripciones de detalle o procedimiento, el tercero por considerar no admisibles las normas supletorias establecidas en la ley estatal, el cuarto por la vulneración de la potestad de auto-organización de la Comunidad Autónoma y por último otros preceptos que vulneran el concepto material de bases. El Consejo ha aprobado igualmente el Proyecto de Ley de Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad, una iniciativa coordinada por el Departamento de Presidencia y que ha sido presentada por el de Ciudadanía y Derechos Sociales después de un proceso de participación. El objetivo es avanzar en la regulación autonómica con una ley que garantice que, tanto el marco normativo vigente, como las actuaciones públicas en beneficio de las personas con discapacidad las sitúen en iguales condiciones que el resto de los ciudadanos y promuevan acabar con los impedimentos que les privan del pleno ejercicio de sus derechos. Otro acuerdo destacado del Consejo de Gobierno es el aumento de la financiación de grupos de investigación hasta 9 millones de euros. En concreto, se ha dado el visto bueno a la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar proyectos de grupos de investigación con el horizonte de 2019 mediante un plurianual de 9 millones de euros. Es la primera vez que los grupos de investigación reconocidos por el Gobierno de Aragón reciben una financiación estable más allá de la anualidad correspondiente y también aumenta la cantidad percibida. De este modo, los grupos de investigación pueden llevar a cabo una planificación económica de sus proyectos. En total se subvencionarán 235 proyectos; un 23% de grupos que desarrollan trabajos en Tecnología, un 21% a Experimentales; un 20% a Sociales; Biomédica recibe un 17% de la financiación, un 11% Humanas y un 8% Agrarias. Las ayudas están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa Operativo FEDER Aragón 2014-2020, cuyo lema es “Construyendo Europa desde Aragón". Otros acuerdos Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado el texto del convenioque firmará el Gobierno de Aragón con el Gobierno central para el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. El convenio facilita los fondos cofinanciados en materia de ayudas a las viviendas de alquiler, ayudas en materia de vivienda para jóvenes, rehabilitación, mejora de la eficiencia energética y aumento del parque de vivienda social. La dotación estatal máxima será de 54.834.000 euros y la Comunidad Autónoma de Aragón aportará 16.450.200. También a instancias del Departamento de Vertebración del Territorio se ha acordado asumir la potestad en materia de disciplina urbanística de siete municipios: Agüero, Arguis, Azanuy-Alíns, Canal de Berdún, Igriés, Nueno y Ontiñena. Es una competencia que los municipios de menos de 5.000 habitantes pueden delegar, por acuerdo en las Asambleas vecinales o plenos municipales, en la Administración de la Comunidad Autónoma y que, a partir de ahora, se gestionará desde la Dirección General de Urbanismo. A propuesta del Departamento de Presidencia se ha aprobado el texto de un convenio de colaboración con la Universidad de Zaragoza para la financiación de diversos aspectos del Curso para el Desarrollo Profesional en Organizaciones Internacionales y la celebración del ciclo de conferencias “Análisis de un mundo global: visiones para analizar nuestro mundo”. El objetivo final es fomentar y promocionar la todavía escasa presencia de aragoneses en organizaciones internacionales. A iniciativa del Departamento de Economía se ha aprobado un convenio de colaboración entre el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza para la realización de Programa Mentorizaje, que consiste en el entrenamiento a jóvenes empresarios de la Comunidad Autónoma a través de un proceso de tutorización. El Consejo de Gobierno ha autorizado al Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad a realizar de una convocatoria de subvenciones a una parte del coste de contratación de los seguros agrarios para el ejercicio 2018, por un importe de 8.240.000 euros. Estas subvenciones están financiadas totalmente con fondos propios de la Comunidad Autónoma y refuerzan la política del Departamento de potenciar la contratación del seguro agrario. Está previsto publicar esta convocatoria a finales de julio, cuando finalice la correspondiente tramitación administrativa. También se ha autorizado a Desarrollo Rural un gasto plurianual de 718.704 € para la celebración de un convenio con el Fondo Español de Garantía Agraria O.A. (FEGA). El objetivo del acuerdo es la ejecución de los trabajos de control asistido por teledetección (satélite) de las superficies de los regímenes de ayuda incluidos en la solicitud única de la PAC, a realizar en las campañas 2018-2020. Estas tecnologías se aplican en Aragón a unas 180.000 hectáreas al año que, de no controlarse a través de este sistema, supondría la necesidad de su visita sobre el terreno. Se produce así un ahorro de tiempo y dinero en la ejecución de los controles exigidos por la Comisión Europea. En materia medioambiental, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la adjudicación por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad de dos contratos de obras a las empresas Vialex Constructora Aragonesa S.L. y Mindual Instalaciones y Montajes Eléctricos, y la realización de un encargo a la empresa Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, mediante trámite de emergencia, dando luz verde a un gasto de 150.000 euros para hacer frente a las reparaciones de las infraestructuras medioambientales dañadas en la finca de La Alfrancapor la crecida del Ebro, como caminos, vallado, entubados, sellado de grietas y reparación de un muro de hormigón. Asimismo, se ha aprobado el texto del convenio de colaboración a suscribir con la Universidad de Navarra (UNAV), Magnesitas Navarras, S.A (MAGNA) y la empresa para la Gestión de Residuos Industriales (EMGRISA), con el objeto de probar la aplicación un nuevo oxidante químico ya patentado para la descontaminación de los residuos de lindano y convertirlos en tierras vegetales de uso. A propuesta del Departamento de Ciudadanía, se ha aprobado un conveniode colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y las Diputaciones de Zaragoza y Teruel para el desarrollo de actividades en materia de sensibilización, prevención y erradicación de la violencia contra la mujer en 2018. También la celebración de tres convenios de colaboración entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y las mancomunidades de Ribera Izquierda del Ebro, Ribera del Bajo Huerva y del Bajo Gállego para el mantenimiento de los servicios sociales de base de estas zonas, la gestión de las prestaciones de los servicios sociales generales y para la gestión de determinados programas específicos de servicios sociales durante 2018. E igualmente el programa Anual de Participación 2018, en el que se contemplan, entre otras cosas, 27 procesos participativos sobre iniciativas del Gobierno de Aragón (leyes, planes…) y 16 procesos de las entidades locales que recibirán apoyo del Gobierno de Aragón a través de la Dirección General de Participación Ciudadana, Transparencia, Cooperación y Voluntariado. En materia de Educación, el Consejo de Gobierno ha aprobado la celebración de un convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, la asociación ALDEHA y la empresa Seguros DKV para realizar la campaña “Hábitos de vida saludables para toda la familia” durante el curso escolar 2018-2019. La campaña se pondrá en marcha en los centros de Educación Primaria y se promoverán la alimentación y el deporte saludable. También se ha autorizado la celebración de la adenda correspondiente a 2018 del convenio de colaboración con la Diputación Provincial de Huesca (DPH) para la gestión conjunta de obras de reforma, mejora y sustitución en colegios públicos (centros de Infantil y Primaria, CRA y un CIFE) de la provincia de Huesca durante el periodo 2016-2019. El Gobierno de Aragón y la DPH aportarán un total de 400.000 euros repartidos a partes iguales para mejoras en los centros educativos de Alcampel, Alcolea de Cinca, Azara, Barbastro, Caldearenas, Castejón de Monegros, Estada, Fonz, Graus, La Cartuja de Monegros, Peñalba, Santa Cilia, Tierz, San Esteban de Litera y Zaidín. Igualmente se ha dado luz verde a un convenio con el Ayuntamiento de Huesca para el desarrollo del programa Abierto por Vacaciones, por el que se impulsa la realización de actividades durante los periodos vacacionales en los centros educativos de la Comunidad, atendiendo las necesidades vinculadas a la conciliación de la vida familiar y laboral, la integración y la participación en condiciones de igualdad de los niños y niñas en actividades que favorezcan su desarrollo y la atención de las necesidades básicas de los menores también en periodo vacacional. Otros acuerdos en el ámbito educativo son la creación de sendos centros: una escuela infantil en la localidad oscense de Boltaña y un colegio de Educación Infantil y Primaria en Figueruelas (Zaragoza). La escuela infantil de Boltaña, de primer ciclo, se hace a iniciativa del Ayuntamiento. El colegio de Figueruelas se crea por desglose del Centro Rural Agrupado (CRA) Ínsula Barataria, cuya sede a partir de ahora será Luceni. En el ámbito cultural se han adoptado dos acuerdos. El primero, un acuerdo de colaboración entre el Gobierno de Aragón, a través del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, la Sociedad de Promoción y Gestión del Turismo Aragonés, la Comarca de Sobrarbe y el Ayuntamiento del Pueyo de Araguás para la realización de visitas guiadas al Monasterio de San Victorián, ubicado en la localidad de Los Molinos. La difusión, conservación y puesta en valor de este monumento, declarado Bien de Interés Cultural, son algunos de los objetivos del convenio. El segundo, un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Huesca para financiar una nueva edición de la Feria Internacional de Teatro y Danza en la ciudad de Huesca que se celebrará del 24 al 27 de septiembre en la capital altoaragonesa. El Ejecutivo aragonés subvenciona 90.000 euros y el Ayuntamiento –que se encarga de la ejecución y organización del encuentro- aporta 42.600, además de encargarse de recabar más financiación a través de ayudas o patrocinios. Por otro lado, al margen de este convenio, la Diputación Provincial de Huesca aporta 25.000 euros y el INAEM, 23.900.
Por último, el Consejo de Gobierno ha aprobado la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Aragón del ejercicio 2017 formada por la Intervención General. Este documento comprende todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio 2017.
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