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Viernes, 22 de noviembre de 2024

Vivienda

El Gobierno de Aragón aprueba un convenio de colaboración con las entidades sociales para gestionar viviendas públicas para los más necesitados

Con ello se pretende incrementar la eficacia en las medidas que se diseñan para los sectores más vulnerables

El Consejo de Gobierno ha aprobado la firma de un convenio  con las entidades sociales (Red Aragonesa de Entidades Sociales, Cáritas, APIP, Kairós, Federico Ozanam, DFA, ACISJF-IN VIA, 2ª Vía de Acompañamiento Terapeútico, Sociedad Cooperativa de Iniciativa Social, YMCA, Cruz Blanca y Asociación Aragonesas de Transplantados de Corazón “Virgen del Pilar”, Federación de Asociaciones Gitanas de Aragón –FAGA- y Fundación Secretariado Gitano) para establecer un marco de colaboración para facilitar el acceso a  viviendas públicas  de colectivos vulnerables. A este convenio se podrán sumar otras entidades sociales que gestionan también proyectos de este tipo en los que la vivienda pública es el elemento protagonista para satisfacer las necesidades de los ciudadanos.

Anteriormente ya se habían suscrito convenios para la puesta a disposición de viviendas de la DGA (en la actualidad se dispone de un parque de aproximadamente 500 viviendas) con entidades sociales pero ahora se quiere incrementar la eficacia de estas acciones con un conjunto de medidas a través del Plan de Gestión Social de la Vivienda, en el que se enmarca este convenio de colaboración. Así se incorpora el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales para coordinar con la Dirección General de Vivienda las actuaciones y prestar sus servicios y asesoramiento para ayudar a los colectivos en riesgo de exclusión y con problemas para acceder a la vivienda. Además, el Gobierno de Aragón trabaja en incrementar el número de viviendas públicas, como es el caso de las antiguas viviendas de peones camineros cuyo estado se está analizando en estos momentos  ( a modo de ejemplo existen 11 en  Fraga o 37 en Calamocha)

Además, se crea la Comisión de Valoración de los proyectos sociales  que se encargará de recibir, informar y valorar, conforme a un baremo consensuado por las partes,  los diferentes proyectos mediante la elaboración de una propuesta de asignación de los recursos disponibles. Esta Comisión estará integrada por dos personas designadas por el Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, otras dos por el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia y otras dos designadas por las propias entidades sociales.

Así, en función de este convenio de colaboración la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación  se encargará de determinar las prioridades de la actuación, los protocolos de uso y mantenimiento de las viviendas o poner a disposición de las entidades respectivas el uso de las viviendas en condiciones de uso y habitabilidad.

A su, vez el Instituto Aragonés de Servicios Sociales facilitará, impulsará y coordinará acciones integrales con los servicios sociales comunitarios de las entidades locales  y con los servicios sociales comarcales de Aragón para canalizar la información y derivación de aquellas personas que presenten problemas de vivienda, y colaborará con Vivienda para responder a las necesidades emergentes otras acciones. En función de este convenio, las entidades sociales gestionarán los proyectos aprobados en las condiciones marcadas, garantizarán la solvencia de su  personal, informarán al Gobierno de Aragón de cómo se desarrollan los proyectos y se responsabilizarán del adecuado uso y las tareas de conservación de las viviendas, entre otras acciones.