El Gobierno de Aragón reclama más autonomía para legislar en materia de vivienda

La directora general de Vivienda y Rehabilitación, Mayte Andreu, ha dado a conocer en rueda de prensa los artículos impugnados, por el Gobierno central, de la Ley, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en relación con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Se inicia ahora un proceso de negociación con el Gobierno central para intentar “salvar” algunos de los artículos en un proceso que se supone durará unos nueve meses. Tras este proceso de negociación bilateral, el Gobierno central trasladará los artículos de la Ley impugnados al Tribunal Constitucional quien podrá suspender la aplicación de los mismos.

Mayte Andreu ha lamentado que, tal y como pasó con el Decreto Ley 3/2015, el Gobierno central vuelva a salir en defensa de los intereses de las entidades financieras y asuma, de facto, las competencias en materia de vivienda. Para la directora general “a mí no me dejan legislar sobre arrendamientos, ni sobreendeudamiento, desahucios… las leyes de vivienda autonómicas se quedan sin objeto sobre el que establecer una regulación”. Ha lamentado que no se pueda legislar sobre cómo se quiere garantizar el derecho a la vivienda o llevar a cabo acciones legales que recogen las necesidades y peticiones de la ciudadanía: cargas hipotecarias, desahucios, grandes tenedores de viviendas…

La directora general ha lamentado que desde Madrid, con un arco parlamentario tan plural, cada vez se sea más tibio a la hora de plantear un cambio de política en vivienda. Y ha advertido que “en Aragón no estamos mejor porque sin presupuestos para 2017 es muy difícil que podamos poner en marcha medidas concretas para aumentar el número de viviendas que se puedan destinar a vivienda social”. Ha explicado que “sin presupuestos no podemos firmar convenios con las entidades financieras para incorporar sus viviendas vacías al parque público de vivienda de alquiler social”.

El Gobierno central informó la semana pasada sobre la impugnación de los artículos, “muchos más que los que hubo con el Decreto ley y, además, entrando en cuestiones que no se comprenden como, por ejemplo, impugnar la creación de una bolsa única de vivienda social (art. 28)” ha explicado Mayte Andreu.