Soro: “Esta ley nos coloca en la vanguardia, porque entiende que la vivienda es un derecho social y no un bien con el que hacer negocio”

El Consejo de Gobierno ha aprobado el Proyecto de Ley de Vivienda de Aragón. Ahora será remitido a las Cortes de Aragón para su tramitación parlamentaria.

Se trata de una de las leyes más importantes de la Legislatura, “una Ley con vocación de perdurar, pero que refleja una nueva forma de entender las políticas de vivienda” ha explicado el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro.

Tal y como ha señalado Soro “es una Ley que nos coloca en la vanguardia de las leyes autonómicas de vivienda y que pone a las personas por delante en todas las políticas públicas”.

El consejero ha señalado que la Ley se presenta bajo dos premisas novedosas: la consideración de la vivienda como un derecho y la definición de la función social de la vivienda.

El consejero ha explicado que toda persona física tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna “que sea adecuada a su situación familiar, económica y social y su capacidad funcional”. De este modo se reconoce un auténtico derecho subjetivo y por lo tanto, todos los ciudadanos y las asociaciones pueden exigir judicialmente a las administraciones públicas el cumplimiento de esta Ley ante la Jurisdicción contencioso-administrativa.

Los poderes públicos de Aragón deben proveer de una alternativa habitacional a toda persona o unidad de convivencia de buena fe en situación de vulnerabilidad y afectada por un procedimiento de ejecución hipotecaria o de desahucio por falta de pago de la renta.

El consejero ha explicado que “tras el proceso de participación se incorporó la posibilidad de dotar no sólo de respuesta habitacional, sino también de prestación económica”.

Por otro lado, esta Ley se esmera en proteger la función social de la vivienda, “que consiste en su utilización con fines residenciales y su efectiva ocupación” ha señalado el consejero.

Para conseguirlo “se incentiva la puesta en el mercado de las viviendas desocupadas y se corrigen las situaciones de incumplimiento de la función social mediante procedimientos expropiatorios”. Soro ha recordado que “la expropiación ya ha sido avalada por el Tribunal Constitucional al pronunciarse sobre las leyes de Navarra y País Vasco”.

Otra de las características que se recogen en el texto tras el proceso de participación es la mejora de la regulación. El nuevo texto incluye el incumplimiento de la función social de la vivienda como una infracción grave y la expropiación como consecuencia de la imposición de sanciones, una medida que afecta a grandes tenedores.

Respecto al contenido se han destacado varios aspectos:

1. Las políticas públicas de vivienda se basan en el alquiler como instrumento fundamental para dar respuesta al derecho a una vivienda y la rehabilitación.

2. Se regulan de forma exhaustiva los derechos del usuario de vivienda, especialmente el derecho a la información tanto en la transmisión de viviendas como en los préstamos hipotecarios y otras formas de financiación.

3. Se establece la obligatoriedad de la mediación cuando se produce un conflicto (esto incluye tanto los contratos de compraventa los sistemas de financiación).

4. Se crea el Fondo de Vivienda Social de Aragón, con el que se gestionarán todas las viviendas sociales que gestionen todas las administraciones públicas, sea cual sea su procedencia.

5. Se modifica el régimen de la Vivienda Protegida, recuperando el control público de todas las adjudicaciones de vivienda nueva, y las transmisiones de las ya existentes, a través del Registro de Vivienda Protegida de Aragón. Además, se recupera el sistema de sorteo.

Como novedad, la protección de la vivienda alcanza toda su vida útil. No son posibles las descalificaciones.

6. Por último, se crea el Observatorio de la Vivienda de Aragón, con la finalidad de obtener datos para que los poderes públicos puedan tomar decisiones fundadas en bases científicas.