Soro reclama más autonomía para gestionar las ayudas del Plan Estatal de Vivienda

El consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro, y la directora general de Vivienda y Rehabilitación, Mayte Andreu, han presentado el balance de las ayudas de 2015 del Plan Estatal de Vivienda 2013-2016. El Plan de 2015 ha contado con una financiación total de 14.404.052 euros de los cuales 3.324.012 euros son aportación del Gobierno de Aragón.

Según el consejero, “se comparten los principios de un plan de ayudas al alquiler, a la rehabilitación y a la revitalización de los municipios pero no podemos estar satisfechos porque se nos imponen unas medidas generales que no sirven para las necesidades de Aragón en esta materia”. Esta situación provoca que en algunos casos no se atienda a todas las solicitudes y en otros casos se quede dinero sin invertir.

Tal y como ha señalado el consejero “para el 2016 no podemos avanzar mucho en las mejoras que queremos incluir ya que las partidas y las condiciones están cerradas pero intentaremos modificar las condiciones para lograr que el plan estatal que se diseñe a partir de 2017 nos permita más autonomía a la hora de decidir cómo se gastan estas ayudas, diseñar un plan aragonés de vivienda que determine cómo se gestiona el dinero en función de las necesidades reales de Aragón”.

“En definitiva – tal y como señala Soro- ejercer el máximo de autogobierno en esta materia, desarrollar realmente la competencia en vivienda y rehabilitación y que seamos libres para tomar las decisiones que mejor se ajusten a la realidad territorial y demográfica de Aragón”.

En el balance hecho de las ayudas de 2015 se ha concretado que el presupuesto no permite atender todas las solicitudes de ayudas al alquiler, que la rehabilitación se limita a las comunidades de vecinos y se impone un alto grado de inversión privada y que, en el caso de los ARRU, habría que mejorar los plazos para la presentación de los proyectos.

El Plan Estatal de vivienda 2013-2016 se articula en tres ejes fundamentales: Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y las Ayudas a la Regeneración y Renovación Urbana (ARRU).

Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas

En lo que se refiere a las ayudas a la vivienda de alquiler el presupuesto disponible era de 4.786.683 euros, se han concedido 3.364 ayudas y se han quedado sin ayudas 4.603 unidades familiares “por falta de presupuesto no se llega ni a la mitad de la demanda” ha explicado Soro.

En las ayudas al alquiler se subvenciona hasta el 40% del precio del alquiler total, que no puede ser superior a 600 euros. La media de precio de alquiler en Zaragoza es de 345 euros, 285 euros en Huesca y 264 euros en Teruel.

Rehabilitación Edificatoria

En lo que se refiere a las ayudas a la rehabilitación, el consejero ha criticado que “se planteen solo para residencias colectivas por lo que quedan fuera un tipo de vivienda muy habitual en Aragón, en el medio rural, como es la vivienda unifamiliar”. Para José Luis Soro “este es el problema de que nos impongan medidas que están pensadas desde Madrid y para diseños urbanísticos como Madrid o Barcelona”.

El presupuesto para la rehabilitación ha sido de 4.237.820 euros (2.961.710 para Zaragoza, 790.318 para Huesca y 485.791 para Teruel). Se presentaron 423 solicitudes y se han concedido 288 (191 provincia de Zaragoza, 53 en provincia de Huesca y 44 en provincia de Teruel). Las ayudas beneficiarán a 5.610 locales y viviendas de las cuales 4.333 están en comarcas de Zaragoza, 692 en comarcas del Altoaragón y 585 en comarcas turolenses.

Del total de las ayudas a la rehabilitación las más demandas son las que se refieren a mejora de la accesibilidad: instalación de ascensores, rampas, elementos de comunicación.

Se observa mucha menor demanda en las ayudas para la rehabilitación para la mejora de la calidad y la sostenibilidad y las ayudas para la elaboración del Informe de Evaluación del Edificio (IEE).

Los criterios para la adjudicación de las ayudas a rehabilitación para mejorar la calidad y la sostenibilidad exigen que se hagan grandes inversiones para garantizar una reducción de la demanda energética de al menos un 30%. En muchos casos, llegar a este objetivo implica inversión en la envolvente térmica del edificio, mejoras del sistema de calefacción… unas actuaciones que suponen inversiones muy altas para los vecinos y vecinas y que, en muchos casos, no pueden afrontar. Tal y como se ha explicado, pueden suponer inversiones de entre 20.000 a 30.000 euros por propietario con una subvención de, como máximo, 4.000 euros.

José Luis Soro ha señalado que “debería aplicarse otro criterio para poder actuar en las cubiertas o en inversiones menores pero que garantizan la seguridad y calidad del edificio”. El consejero señala que “estas inversiones son fundamentales porque cada euro que no se invierte ahora supone un gasto mucho mayor dentro de unos años o incluso es la clave entre el mantenimiento de un edificio o que, en un corto plazo de tiempo, se declare en ruina”.

En lo que se refiere a las ayudas para la realización del Informe de Evaluación de Edificios, incluidas dentro de las ayudas a la rehabilitación, se han detectado menos solicitudes de lo que se podría alcanzar con el presupuesto. Desde el Gobierno de Aragón se apunta que cuando una convocatoria de ayudas no se completa es necesario revisar las bases porque algo no se está haciendo bien.

El consejero ha anunciado que para el año que viene “vamos a hacer un esfuerzo para informar a la ciudadanía sobre la necesidad de llevar a cabo estos informes técnicos y, por otro lado, intentar que el dinero que no se gasta se pueda derivar a otro apartado”. De los 185.000 euros presupuestados solo se concederán 53.357 euros para atender las 172 solicitudes aceptadas (143 en provincia de Zaragoza, 18 en provincia de Huesca y 11 en provincia de Teruel). Se beneficiarán un total de 3.869 locales y viviendas en total.

Ayudas a la Regeneración y Renovación Urbana (ARRU).

El tercer gran apartado de ayudas son las de los ARRUS, Actuaciones en Regeneración y Renovación Urbana y que van destinadas a la rehabilitación; la renovación de viviendas que son derruidas y se construyen nuevas; la reurbanización de zonas y los realojos, es decir, viviendas que son derruidas y donde se busca el realojo de las familias en otras zonas.

En total se han firmado 13 convenios entre el Gobierno de Aragón y los municipios. El consejero Soro ha señalado que “los plazos han sido muy pequeños por lo que en algunos municipios no se han podido presentar todas las actuaciones que se hubiesen querido”. Los ayuntamientos con los que se han firmado convenios del ARRU han sido: Huesca, Barbastro, Binéfar, Fraga, Jaca, Monzón, Sabiñánigo, Alcañiz, Calatayud, Caspe, Ejea de los Caballeros, Tarazona y Zaragoza.

Desde la dirección general de Vivienda y Rehabilitación se ha advertido de que las ayudas se estaban tramitando cuando se accedió a la dirección general por lo que se ha tenido que hacer un gran esfuerzo para poder acceder a ellas en estos cuatro meses. En este sentido, tanto el consejero José Luis Soro como la directora general, Mayte Andreu, han agradecido la labor del personal de la dirección general y las subdirecciones provinciales para llegar a tiempo.

Durante estos meses se ha trabajado conjuntamente con el Ministerio para que no se perdiesen los presupuestos pero, tal y como señala la directora general, “la falta de gestión anterior va a provocar retrasos en los pagos de las ayudas al alquiler, que se cobrarán a partir de este mes con carácter retroactivo y en los casos en los que se cumplan los requisitos”.

Mayte Andreu ha recordado que los inmuebles con antigüedad superior a 50 años o aquellos que pretendan solicitar ayudas para la conservación, accesibilidad o eficiencia energética deben contar con el Informe de Evaluación del Edificio. Pero, además, este documento “serviría para que desde el Gobierno de Aragón podamos tener una imagen clara de la situación de edificios y viviendas en Aragón, lo cual, además, nos serviría para ser más precisos a la hora de invertir y subvencionar mejoras” y ha añadido que “en definitiva, planificar nuestras políticas de intervención en relación a las necesidades de la ciudadanía”.