Susín acredita mejoras en “gestión y financiación” de los servicios sociales frente a la “precariedad heredada”

La consejera Carmen Susín ha comparecido este martes ante la comisión de Bienestar Social y Familia de las Cortes de Aragón a petición propia y de varios grupos parlamentarios para exponer el trabajo realizado durante el primer año y medio de Legislatura, así como las líneas que se van a desarrollar a futuro.

La Consejera ha recordado su primera intervención ante esa comisión en septiembre de 2023: “Les dije, si lo recuerdan, que este Gobierno había venido a mejorar las cosas y eso es lo que estamos haciendo”, pese haber encontrado “un sistema de servicios sociales que proclamaba derechos a los que no se les daba respuesta”, ha dicho, “ni desde el punto de vista de la financiación, ni tampoco desde la gestión”.

Ante esa situación, la prioridad fue desatascar proyectos peligraban y que estaban ligados a la implementación de los fondos europeos, como Apoyos Conectados, el programa de Competencias Digitales para la Infancia (CODI), en la actualidad asumidos por las direcciones generales de Mayores y de Inclusión Social y Voluntariado respectivamente.

En el capítulo de infraestructuras –que hubieran supuesto la devolución con intereses de los 80 millones de euros– Susín se ha referido por un lado a las obras de la nueva residencia de Ateca, que hoy “siguen su ritmo para que sean inauguradas a tiempo”, y por otro el proyecto de Valdefierro, que el anterior Ejecutivo se apresuró a licitar y cuya adjudicación, no obstante, fue solventada por el actual. Sobre este complejo Susín ha confirmado que, además de pisos tutelados para menores, contará con “pisos adaptados a personas con discapacidad física”, cuestión que se está trabajando con DFA.

Respecto a los sectores de la discapacidad,  mayores y menores, la Consejera ha recordado que en 2023 “estaban muy deficientemente financiados, hasta el punto de hacer peligrar la sostenibilidad de los servicios que están prestando a los ciudadanos, en nombre, no lo olviden, de la Administración”. 

Con el objeto de empezar a dar respuesta a esa situación de precariedad heredada, ha explicado Susín, “tomamos la decisión, entre todos los actores, de destinar la subida del presupuesto en materia de acción concertada a la revalorización del precio-plaza en un 4,3%”. También se ha atendido a la demanda de las entidades que gestionan recursos para menores, asumiendo el 50% del precio-plaza en concepto de reserva de las plazas que no están cubiertas.

Por su parte, el sistema de discapacidad “ni siquiera estaba dotado de una base de datos sólida y consistente que nos permitiera monitorizar su situación”, por lo que se procedió a la digitalización de “miles de expedientes que estaban todavía en papel en las Direcciones Provinciales para poder dotar al sistema de datos reales y fiables”, ha explicado.

“La discapacidad estaba invisibilizada y sin personal para hacer las valoraciones”, una cuestión que ha llevado a contratar tres equipos para valorar la discapacidad: el primero de ellos empezó a trabajar en noviembre de 2023 y los otros dos en septiembre de 2024.

“Desde noviembre de 2023 se han realizado 15.500 valoraciones y en el mes de octubre empezamos ya a reducir la lista de espera además de absorber la entrada mensual de solicitudes”, que se sitúa entre 1.000 y 1.500 nuevas cada mes, tal y como ha confirmado la titular del Departamento de Bienestar Social y Familia: “Les recuerdo también que pusimos en marcha la solicitud vía electrónica, que hasta entonces no existía”.

Además se ha referido al acuerdo firmado con CERMI en diciembre de 2023, al amparo del que se está trabajando en la elaboración del II Plan de Discapacidad, que incluirá el Plan de Niña y Mujer con Discapacidad y el Plan de Empleo. Sobre el Acuerdo Marco dentro de este sector, Susín ha recordado el compromiso del Presidente Azcón para dar respuesta en 2025 a la demanda de las entidades para garantizar la sostenibilidad económica con 13 millones más . “El objetivo es acercarnos al coste real de los servicios e ir asumiendo progresivamente la lista de espera, pudiendo llegar a un 30% de reducción en el primer año, en función también de la fijación final del precio–plaza”, ha estimado la titular del Departamento de Bienestar Social y Familia.

Otro punto que ha destacado es el relativo a la colaboración con el Departamento de Sanidad, que ha supuesto que los valoradores de la discapacidad y la dependencia “puedan acceder a la historia clínica y agilizar las valoraciones, también para que desde las residencias los médicos puedan solicitar pruebas diagnósticas y citas en especializada”. Además ha confirmado que ambos Consejeros –de Sanidad y de Bienestar Social y Familia– han firmado ya la orden de inicio para la creación de la comisión de coordinación socio-sanitaria que trabaja la propuesta de una nueva Ley de Acción concertada.

Respecto a la atención a menores tutelados, Susín ha recordado que ya se está trabajando en el registro de trabajadores de centros de menores y en el redimensionamiento de los servicios, que se plasmará en la modificación de la RPT para avanzar en el Plan de vigilancia de centros y en el desarrollo normativo de la Ley de protección a la infancia pendiente mientras sigue en pausa el desarrollo estatal. También ha indicado que se licitará pronto el nuevo contrato del centro de reforma de Juslibol, esta vez “suficientemente dotado para resolver los problemas que nos hemos encontrado”, ha remarcado.

En cuanto a la dependencia, la Consejera afirma que ante “un sistema topado”, que se limitaba a “implementar la tasa de reposición”, se cubrieron todas las plazas vacantes en los equipos de valoración, se contrataron nuevos equipos y se amplió el horario de atención al público en horario de tarde con el objetivo de facilitar al ciudadano el registro de su solicitud y para ampliar la valoración de expedientes, “porque la lista de espera real estaba invisibilizada”.

En la actualidad “las solicitudes se han triplicado y también las valoraciones que se realizan”, ha explicado Susín: “A partir del verano se ha producido un punto de inflexión y ya se ha empezado a rebajar la lista de espera, teniendo en cuenta que hay el triple de solicitantes”. Por primera vez en la historia de la dependencia en Aragón, este mes de octubre la Comunidad Autónoma superó la media de España de personas dependientes atendidas sobre la población potencialmente dependiente.

De acuerdo con los datos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, a final de 2024 se habrán superado las 55.000 personas atendidas en el sistema de dependencia autonómico. A día de hoy se están proporcionando 59.481 prestaciones y se ha crecido significativamente tanto en las prestaciones de servicios como en las prestaciones vinculadas a servicio, en cumplimiento con la Ley de dependencia.

En cuanto a la financiación de la dependencia, Susín ha confirmado que se han revertido la tendencia a recortar del anterior Ejecutivo y las deficiencias en la gestión y lo ha ejemplificado con el nivel acordado, que ha pasado de contar con 1,5 millones menos el año anterior a un incremento de 40 millones en la actualidad: “El crecimiento de la financiación del nivel mínimo va a ser también importante precisamente por el crecimiento de la población atendida”, ha continuado, “y ésa es la diferencia entre hablar de derechos y gestionar derechos”, ha resumido Susín.

“Va a hacer falta mucho trabajo y mucha financiación para mejorar servicios y prestaciones y alcanzar un sistema de dependencia aceptable”, ha reconocido la consejera Susín, que se ha comprometido a abordar esas reivindicaciones en una próxima reunión con el ministro Bustinduy, responsable de la cartera de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030: “Si no avanzamos de forma paralela en la financiación, el Estado no puede seguir imponiendo mejoras a las Comunidades Autónomas que son oportunas, deseables e importantes, pero que hoy por hoy son inviables económicamente”.

En cuanto al Anteproyecto de Ley para la ordenación de las entidades privadas, ha recordado que el anterior decayó dos veces en las Cortes “porque fueron incapaces de tramitarlo”, ha precisado, refiriéndose al Grupo Parlamentario Socialista. Respecto a la modificación del Decreto 111 ha explicado que será con posterioridad a la aprobación de la Ley, pero siempre priorizando la sostenibilidad del sistema. Un sistema que, recordaba la Consejera, está amenazado por falta de personal y financiación, tal y como ya denunció en una reciente comparecencia ante el Pleno, ya que sin un trabajo paralelo de cualificación de personal, sin financiación para afrontar las mejoras estructurales de los centros y sin una mejora de la financiación de la dependencia, sólo certificaremos la inviabilidad del modelo.

“Hemos solucionado y desatascado muchos problemas y muy importantes”, ha concluido Susín, “y estamos sentando las bases para paulatinamente, porque es imposible afrontar tanta precariedad de vez, ir mejorando los servicios que se prestan desde los servicios sociales y fundamentalmente garantizando su sostenibilidad con la calidad que demandan y merecen los ciudadanos a los que atendemos”.