Susín reafirma el compromiso de "mejorar el sistema de protección de menores que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno"

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha comparecido este jueves por la mañana ante el Pleno de las Cortes para exponer las actuaciones que ha desarrollado y que va a implementar el Gobierno de Aragón en todo lo relativo a la política de protección de niños, niñas y adolescentes y sobre las decisiones tomadas tras el cierre decretado por orden judicial del centro de menores de Ateca este pasado agosto tras varias denuncias sobre su funcionamiento.

Susín ha comenzado su intervención ante los grupos parlamentarios recordando que la gestión del mencionado centro fue contratada sucesivamente desde el año 2017 por los dos Ejecutivos anteriores, comandados por el PSOE, “teniendo constancia de que había varias denuncias y quejas encima de la mesa” sobre su funcionamiento. “Volvieron a incluirlo en el acuerdo marco que adjudicó su Gobierno en funciones el 26 de junio de 2023 y que formalizó el 17 de julio del 2023”, ha concretado, dirigiéndose a la bancada socialista.

El de Ateca era un recurso residencial de tratamiento terapéutico para menores de edad con problemas de conducta con el que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales mantenía en el momento de su cierre una veintena de plazas concertadas. En el año 2013, cuando se aprobó el primer acuerdo marco para el acogimiento residencial de menores en Aragón, no existía ningún centro de esas características en la Comunidad Autónoma y fue a través del acuerdo marco de 2017 cuando el Gobierno de Aragón empezó a contratar plazas con el centro hoy clausurado, gestionado por Lagunduz, tras su entrada en el mencionado acuerdo marco. 

Este recurso, ha explicado Susín, no era por tanto “un centro del Gobierno de Aragón”, sino uno “de carácter privado con el que el Gobierno de Aragón concierta plazas, como también lo hace con centros privados ubicados en otras Comunidades Autónomas”. En el momento del cierre por orden judicial, el centro tenía 21 plazas concertadas con el IASS, otras 7 plazas con el País Vasco y 5 más con Islas Baleares.

La titular del Departamento de Bienestar Social y Familia ha relatado las actuaciones realizadas desde que se conocieron las detenciones de varios trabajadores y del director del centro el pasado 1 de agosto, con el detalle pormenorizado de las comunicaciones, reuniones y decisiones tanto para contribuir a esclarecer lo acaecido en el centro como para reubicar y atender a los menores toda vez que se decretó la clausura de la instalación, el día 2 de agosto, en un trabajo realizado "en un tiempo récord" coordinado con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, la Dirección Provincial de Zaragoza, la Subdirección Provincial responsable de tutelas y protección a la infancia y la Jefatura del servicio de Menores.

Ante la gravedad de los hechos investigados en el centro de menores de Ateca y de las acusaciones que se estaban haciendo públicas, el Gobierno de Aragón y el Instituto Aragonés de Servicios Sociales entendió que su principal preocupación y obligación, en palabras de Susín, debía ser “preservar la identidad y la seguridad de los menores e iniciar los trabajos de investigación interna y recopilación de la información obrante en poder de la Administración para ponerla a disposición de la juez instructora del caso”. Ha indicado que hasta el momento el Gobierno sólo ha sido requerido por la Guardia Civil y la Fiscalía para la remisión de información y documentación que, con fechas 16 y 23 de agosto, fueron trasladadas a ambas instituciones.

Plan para reforzar el sistema de protección de menores

Carmen Susín ha relatado ante el Pleno que ese mismo fin de semana –3 y 4 de agosto– se diseñó un plan de trabajo que contemplaba la recopilación y el análisis de toda la documentación obrante en torno al centro de menores de Ateca, las actuaciones que debían implementarse con carácter urgente y las medidas que se había de tomar para mejorar del sistema de protección de menores de la Comunidad Autónoma.

Dicho plan empezó a desarrollarse a primera hora del lunes 5 de agosto tras una reunión convocada por la propia Consejera, que compareció ante los medios de comunicación esa semana en un ejercicio de rendición de cuentas “hasta las últimas consecuencias” sin que en ningún caso se llegase a interferir en la investigación judicial en curso ni menoscabar el interés superior del menor que la Administración está obligada a preservar.

Fruto de este plan de trabajo se inició la apertura de un expediente de investigación interno en el IASS, con su correspondiente instructor, para analizar las actuaciones de la Administración en su deber de vigilancia y control, para recopilar toda la información relativa a los hechos y para depurar responsabilidades internas, en caso de que las hubiere, todo ello con la intención además de salvaguardar el buen hacer de los profesionales de menores de la Comunidad Autónoma de Aragón.

En esa línea se inició la apertura de expediente disciplinario a la persona responsable del servicio provincial de tutelas y protección a la infancia y el expediente de resolución del contrato con la entidad gestora del centro por incumplimiento del contratista; además se dio inicio a un procedimiento de contratación de urgencia para habilitar una unidad de atención terapéutica para menores, con una capacidad máxima de 15 plazas durante 6 meses con la Fundación Samu: Susín ha referido que todos los menores estarán ya alojados en este recurso el próximo 16 de septiembre.

En los próximos meses, ha anunciado Susín, Aragón contará con un plan de revisiones de centros de menores además de un registro del personal que trabaja en estos espacios, cuya orden de inició se firmó el pasado 14 de agosto. También ha confirmado que se está trabajando para elaborar un protocolo de “mala praxis o vulneración de derechos” de los menores bajo medidas de acogimiento en la Comunidad Autónoma.

“Les adelanto también que el Departamento de Bienestar Social y Familia ha pedido un informe a los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón ante la posibilidad de exigencia de daños morales a la contratista”, ha detallado, en razón del descrédito producido a la DGA y el daño a su prestigio institucional consecuencia del actuar de dicha entidad gestora.

En su réplica, Carmen Susín ha agradecido la prudencia de parte de sus señorías y ha deplorado algunas de las reacciones a la izquierda del arco parlamentario. “Esta situación ha revelado otra vez la precariedad en la que ocho años de Gobierno socialista y de izquierdas ha dejado los servicios sociales en Aragón”, ha lamentado la Consejera. “Dejaron al sistema de protección a la infancia en una situación vulnerable”, ha valorado, por lo que todo lo acontecido en Ateca ha puesto de manifiesto “esa precariedad y desidia”.

La Consejera ha explicado también que el Gobierno de Aragón está llevando a cabo una revisión de todos los contratos con las entidades que forman parte del acuerdo marco, con quienes se está en permanente comunicación, a las que el IASS ha requerido toda la documentación acreditativa de su solvencia económica, financiera y técnica; también relativa a sus trabajadores.

También se ha dado instrucción por parte del Gerente del IASS para que semanalmente se reporte “un informe firmado por las subdirecciones provinciales, competentes en materia de menores, con las incidencias que se produzcan en el sistema de tutelas y protección a la infancia”, así como “comunicación inmediata en las incidencias consideradas graves”, medidas que se suman al resto que se han implementado, entendidas todas ellas como un paso imprescindible para reforzar la vigilancia del funcionamiento ordinario de los centros de menores.

“A la pregunta de por qué se había iniciado un expediente disciplinario, dije que porque se habían producido deficiencias en las canales de comunicación y de información”, ha advertido Susín en su turno de palabra, "no en la gestión".

“Todas las actuaciones y procedimientos relatados y que se han puesto ya en marcha o se van a implementar tienen por objeto contribuir al esclarecimiento de los hechos y revisar y mejorar el sistema de protección de menores”, ha aseverado Carmen Susín. “El Gobierno comparte la preocupación por la gravedad de los hechos que se han denunciado y por los que todavía hoy cinco personas permanecen privadas de libertad por orden judicial”, ha concluido.