El Gobierno de Aragón representa a las Comunidades Autónomas españolas en el Consejo de Competitividad-Consumo de la Unión Europea

La directora general de Protección de Consumidores y Usuarios, Ros Cihuelo, asistirá, en representación de la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, a la reunión del Consejo de Competitividad-Consumo que se celebrará los días 28 y 29 de mayo en Bruselas. El Gobierno de Aragón asume desde enero de 2018 la participación autonómica en este consejo, representando al conjunto de las Comunidades Autónomas españolas durante este semestre.   Previamente a las reuniones de los días 28 y 29, la directora general asiste esta semana a las sesiones preparatorias del Consejo de Competitividad-Consumo en el seno del grupo de trabajo de Protección de los Consumidores e Información, también en Bruselas.   El Consejo de Competitividad es un órgano de formación del Consejo de la Unión Europea que trabaja para mejorar la competitividad y aumentar el crecimiento de la Unión Europea. Este órgano se encarga de cuatro grandes políticas: mercado interior, industria, investigación e innovación y espacio.   La intervención de Cihuelo durante el Consejo de los días 28 y 29 versará acerca del Conjunto de medidas “Un Nuevo Marco para los Consumidores” que se enmarca dentro de propuestas legislativas actuales. En particular, se analizarán diversas propuestas de Directivas. Por un lado, “una que modifica cuatro directivas en vigor ahora mismo: la que regula las cláusulas abusivas de los contratos, la que regula la indicación de los precios, la que regula las prácticas comerciales desleales y la que regula los derechos de los consumidores”, según explica Cihuelo.   Por otro lado, se analizará una Propuesta de Directiva “que modifica la anterior que regula la eficacia del procedimiento de cesación cuando se cometen infracciones en los derechos que afectan a los intereses colectivos de los consumidores”, expone la directora general. El fin es mejorar la eficacia del procedimiento de cesación y contribuir a la eliminación de las consecuencias de las infracciones del Derecho de la Unión que afectan a los intereses colectivos de los consumidores.   Ambas propuestas persiguen hacer efectivo el cumplimiento de las normas de la Unión Europea para lo que es necesario un sistema de aplicación estricto, eficiente y eficaz para garantizar que los Estados miembros apliquen, ejecuten y cumplan el Derecho de la UE, así como para proporcionar a los ciudadanos unos mecanismos de reparación adecuados.