Avanzar en la autonomía de las administraciones locales y en las políticas de igualdad, ejes del Departamento de Presidencia

Avanzar en la autonomía financiera y funcional de las administraciones locales; mantener una relación colaborativa y en términos de lealtad con todo tipo de instituciones para que del clima de entendimiento puedan beneficiarse los ciudadanos aragoneses; hacer visibles y realistas las políticas de igualdad; el análisis de las políticas públicas a través de una agencia de evaluación; y desarrollar planes para el aumento de la seguridad y la protección de los ciudadanos en distintas situaciones o actividades son los grandes objetivos que la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, expuso esta mañana en su comparecencia de política general ante la Comisión Institucional de las Cortes de Aragón.

Mayte Pérez encuadró las políticas que son competencia de su Departamento en un marco más general “de un Aragón social, de un Aragón verde y de un Aragón digital”.

El ámbito de las administraciones locales ocupó una buena parte de la intervención de la consejera. “Devolverles la autonomía y tratarles como administraciones que han alcanzado la mayoría de edad” fueron algunos de los términos que utilizó. Y adelantó el resorte legal para avanzar en esta senda: Retomar la tramitación de la Ley de Participación en los Ingresos de la Comunidad Autónoma, norma que supondría una financiación estable para las administraciones locales, a través de un fondo incondicionado, con criterios objetivos y ajeno a las alternativas políticas que pudieran producirse.

En relación también con las administraciones locales adelantó su intención de actualizar las normas que regulan el régimen jurídico de los funcionarios con habilitación de carácter nacional y de trasladar para su enmienda el problema de los ayuntamientos de las áreas rurales para cubrir las plazas de secretaría-intervención. También avanzó la creación oficinas técnicas para asesorar a estas administraciones en algunas áreas emergentes como la movilidad o la eficiencia energética así como una agencia para la evaluación de las políticas públicas.

Hizo también mención la consejera del problema de la despoblación y de la necesidad de un tratamiento fiscal diferenciado a determinadas actividades que tienen una especial relevancia en la estabilidad demográfica como los pequeños comercios o todo tipo de emprendimientos en el medio rural.

Políticas de Igualdad

Una de las novedades competenciales de esta legislatura apunta a la adscripción del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) -al igual que la gestión del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE)-  al Departamento de Presidencia. Mayte Pérez adelantó la creación de una Comisión Interdepartamental para avanzar en las políticas de igualdad, además de un Consejo consultivo con participación de las asociaciones y organizaciones y entidades de promoción de la mujer.

La traslación de este objetivo político se pondrá de manifiesto en el hecho de que todos los proyectos con rango de ley que redacte y apruebe el Gobierno de Aragón incorporarán un informe sobre su impacto por razón de género. El establecimiento de una Marca de Excelencia en Igualdad complementa el objetivo, como fórmula de promoción y reconocimiento, para distinguir a las empresas que implanten planes de igualdad en sus organizaciones.

Un camino muy similar quiere recorrer el Departamento en los próximos cuatro años en lo que se refiere a políticas públicas en materia de discapacidad.

La consejera de Presidencia relató algunos de los planes especiales de Protección Civil que quieren completarse en los próximos cuatro años e incidió especialmente en el número de fallecidos este verano en actividades relacionadas con el montañismo, cuestión que requiere un tratamiento de choque para evitar su continuidad.

Indicó igualmente su intención de trabajar para una organización estable del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y de negociar con el Gobierno de España la necesidad de cubrir las vacantes que se producen en la Unidad de la Policía Adscrita hasta alcanzar los 200 efectivos.

En cuanto a Justicia, Dirección General que en esta legislatura se desdobla de la de Interior, la gestión se va a centrar en avanzar en el desarrollo y formación de los funcionarios y agentes del ámbito de la Justicia en torno al expediente electrónico. Se iniciará, igualmente, la digitalización de los registros civiles.