La consejera de Presidencia establece como prioridad retomar la Ley que regule el Fondo Aragonés de Financiación Municipal

“Queremos que los ayuntamientos vean al Gobierno de Aragón como una administración útil y cercana, como una instancia que les acompaña y que les resuelve los problemas, como un compañero de viaje que les ayuda y les atiende en sus demandas y solicitudes”, indicó la consejera de Presidencia y relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, tras entrevistarse con el presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), Luis Zubieta, y el secretario general de esta organización, Martín Nicolás.

La consejera de Presidencia quiso tener un gesto con la Administración Local y por ello, en este ámbito, mantuvo un primer encuentro con los responsables  de la organización que la representa en la Comunidad Autónoma.

“Nuestra estrategia y nuestra forma de trabajar como Gobierno no puede ser otra que participar activamente en la financiación de los ayuntamientos, en dotarles de todo tipo de apoyo y asesoramiento, tanto desde el punto de vista normativo como técnico. Que nos vean como una administración a la que pueden dirigirse en todo momento para resolver cualquier tipo de problema o inquietud”.

Mayte Pérez indicó que su política en torno a los ayuntamientos va a seguir la estela de los últimos cuatro años, legislatura en la que el Gobierno de Aragón duplicó el importe del Fondo de Cooperación Municipal, destinado de forma incondicionada a los ayuntamientos.

La consejera adelantó que una de las prioridades es retomar la tramitación de la Ley que regulará el Fondo Aragonés de Financiación Municipal. Esta iniciativa legislativa, impulsada por el anterior Ejecutivo, no pudo concluir su tramitación parlamentaria, pese a recibir el respaldo de todos los grupos políticos.

Según la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, el texto del proyecto de Ley, en la que participó activamente la FAMCP, mantendrá intacto su espíritu para dotar de estabilidad económica a los municipios aragoneses mediante la distribución de unas partidas fijas que puedan incrementarse según criterios demográficos, territoriales y de esfuerzo fiscal.