Economía
El Consejo de la Corporación Empresarial nombra a Eva Valle como presidenta y a Eloy Suárez como consejero delegado
Los nombramientos se han realizado esta mañana en el consejo de administración de la CEPA
El Consejo de Administración de la Corporación Empresarial Pública de Aragón, ha nombrado esta mañana como presidenta a la consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle. La reunión del órgano de administración ha servido para renovar todos los cargos y ha nombrado también a Eloy Suárez como consejero delegado del Grupo de sociedades del Gobierno de Aragón, quien ha tomado posesión en ese momento.
Eloy Suárez es licenciado en Derecho y ha ocupado diversos cargos en las Cortes Generales, cortes de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza.
En Consejo de Administración de Corporación queda formado, además de por Valle y Suárez, por la vicepresidenta del Gobierno Mar Vaquero y los consejeros del Ejecutivo Octavio López, Arancha Simón y Luis Biendicho. Completan el Consejo Ignacio Barquero, Javier Rincón, Ismael Jorcano, Joaquín Bernal y Antonio Cobo.
La Corporación Empresarial Pública de Aragón es la sociedad unipersonal del Gobierno de Aragón que agrupa todas sus participaciones empresariales directas y está adscrita al Departamento de Economía, Competitividad y Empleo. Fue creada el 11 de diciembre de 2007 con el afán de modernizar y profesionalizar las empresas públicas, mejorar su gestión, centralizar los procesos financieros y la estrategia de inversión pública.
En la actualidad está constituida por 16 empresas públicas de la comunidad autónoma sobre las que mantiene el control accionarial (tales como Aragón Plataforma Logística, Aragón Exterior, Sarga, Sodiar, Walqa, etc.), cinco empresas públicas en las que participa junto a otros socios (con mayoría pública) y 15 empresas privadas.
Por acuerdo de las Cortes de Aragón, en el Consejo de Administración de Corporación están representados, además del Gobierno de Aragón como socio único, los principales grupos de la oposición parlamentaria con el fin preservar la pluralidad de intereses de los ciudadanos en los órganos de decisión de la sociedad.